La Corte Suprema autoriza a Biden a poner fin a la política de Trump de "Permanecer en México".

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La Corte Suprema autoriza a Biden a poner fin a la política de Trump de "Permanecer en México" La política exige que algunos solicitantes de asilo que ingresan ilegalmente al país, principalmente de América Central y del Sur, regresen a México mientras esperan una audiencia.

La Corte Suprema falló el jueves a favor de la administración Biden sobre una controvertida política de inmigración, diciendo que tenía la autoridad para revertir una iniciativa de la era Trump que requiere que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras sus casos son revisados ​​en los tribunales estadounidenses.

La votación fue de 5 a 4, con el presidente del Tribunal Supremo John G. Roberts Jr. escribiendo para él y el juez Brett M. Kavanaugh, y los tres liberales de la corte, Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Roberts dijo que la ley federal de inmigración otorga discreción al ejecutivo: puede devolver a los solicitantes de asilo a México, pero no está obligado a hacerlo. Los jueces Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr., Neil M. Gorsuch y Amy Coney Barrett disintieron

Barrett dijo que estaba de acuerdo con la mayoría sobre los méritos de la decisión, pero que el tribunal no debería haber decidido el caso y debería haberlo remitido a los tribunales inferiores. Alito, escribiendo para sí mismo, Thomas y Gorsuch, dijo que el Departamento de Seguridad Nacional no debería tener la libertad de “simplemente liberar en este país a un número incalculable de extranjeros que es muy probable que sean expulsados ​​si se presentan a sus audiencias de expulsión. Esta práctica viola los términos claros de la ley, pero la Corte mira para otro lado”.

Los jueces habían acelerado la revisión del intento de Biden de deshacerse de la política de “Permanecer en México” después de que un juez de un tribunal inferior dijera que la administración no había proporcionado una justificación suficiente para ponerle fin y que los procedimientos de la administración eran ilegales. Poco después de asumir el cargo en enero, Biden dijo que la administración no seguiría inscribiendo a migrantes en el MPP y ordenó una revisión. Con el caso bajo revisión, la administración de Biden reinició el programa. Si bien la ley federal requiere que el gobierno detenga a todos los no ciudadanos que ingresan ilegalmente a los EE. UU., el Congreso nunca ha proporcionado fondos suficientes para hacerlo. En 2021, el Departamento de Seguridad Nacional procesó a más de 671 000 personas a lo largo de la frontera sur, pero solo tenía fondos para detener a unas 34 000 en todo el país.

En el argumento oral, la procuradora general de los Estados Unidos, Elizabeth B. Prelogar, dijo que el juez del Tribunal de Distrito había malinterpretado la ley e interferido con las decisiones de inmigración y política exterior de la administración.